- La senadora Susana Harp Iturribarría llama a la reflexión social
Por comunicado
Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que busca declarar el 17 de julio de cada año, como “Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales”.
Las y los senadores respaldaron la minuta que envió la Cámara de Diputados, para incentivar medidas que prevengan y disminuyan las agresiones y criminalización hacia las y los defensores ambientales.
Sin embargo, incorporaron al proyecto un lenguaje incluyente en el que se visibiliza que las mujeres también son defensoras ambientales y que por ello pueden ser víctimas de ataques o, incluso, asesinadas.
El dictamen, que se aprobó con 84 votos a favor, destaca que por lo general estos activistas son objeto de agresiones, con las que se pretende impedir, controlar y castigar el ejercicio de su derecho a promover los derechos humanos ambientales en sus comunidades o en su país.
Refiere que el 21 de marzo de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución histórica para proteger a quienes se dedican a defensa del medio ambiente.
Al respecto, la senadora Susana Harp Iturribarria, de Morena, consideró que, más allá de plantear esa fecha como una efeméride, debe ser un día para la reflexión y concientización acerca de la gravedad “de no actuar en conjunto” para detener el daño causado a los ecosistemas de nuestro planeta.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, señaló que, entre 2012 y 2019, en México fueron asesinados 83 defensores; en 2020 dos defensores de la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca y, hace dos meses en Oaxaca, el ambientalista Jaime Jiménez Ruiz fue también ultimado.
El senador del PVEM enfatizó que el objetivo de establecer este día nacional es para visibilizar las violaciones de derechos humanos y someterlas al escrutinio público, para evitar que haya agresiones mortales e impunidad para quienes defienden las selvas, bosques y cualquier ecosistema en nuestro país.
El proyecto de decreto se devolvió, con cambios, a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.